Arranca un nuevo paro universitario en reclamo por la Ley de Financiamiento

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Gremios docentes y no docentes universitarios inician esta semana una nueva medida de fuerza de alcance nacional para exigir al Gobierno el cumplimiento de la Ley de Financiamiento. 

El paro comenzará este martes 18 de agosto y se extenderá hasta el sábado 22. Impactará en el dictado de clases en las universidades nacionales de todo el país. 

En la Universidad de Buenos Aires (UBA), la convocatoria es impulsada por la Asociación Gremial Docente (AGD-UBA), cuyos representantes precisaron que el acatamiento dependerá de la decisión de cada cátedra.

La medida de fuerza se extenderá desde el martes 18 hasta el sábado 22 de agosto.

A pesar de la medida de fuerza, las autoridades académicas informaron que los edificios de las distintas facultades de la UBA mantendrán sus puertas abiertas con funcionamiento administrativo normal. 

Cuáles son los reclamos

El reclamo principal de las organizaciones sindicales radica en la plena ejecución de la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso para garantizar el flujo de fondos hacia las casas de altos estudios. 

Asimismo, los gremios denuncian una pérdida del poder adquisitivo en los ingresos del personal académico y no docente, al tiempo que reclama la actualización de las partidas presupuestarias destinadas a los hospitales universitarios y al sistema de becas estudiantiles. 

A través de un comunicado oficial, desde la conducción de AGD-UBA expresaron: "El Gobierno mantiene la deuda y los trabajadores de las universidades nacionales el plan de lucha. El miércoles 5 de agosto, el congreso de la Conadu Histórica votó la continuidad del plan de lucha con paro nacional durante esta semana". 

Y agregaron: "La asamblea de AGD UBA lo llevó como mandato, entendiendo la perspectiva de un paro por tiempo indeterminado, hasta que el Gobierno de (Javier) Milei pague toda la deuda, y con una nueva marcha nacional". 

Según los representantes gremiales, la liquidación salarial correspondiente al mes de julio confirmó el incumplimiento de la normativa vigente por parte de las autoridades nacionales. 

Desde el sector, calcularon que el porcentaje pendiente de recomposición salarial alcanza el 31,2 por ciento, monto al que se suma la exigencia del pago retroactivo acumulado desde la entrada en vigencia de la ley de financiamiento. 

La conducción sindical justificó el rechazo a las propuestas salariales presentadas por el Gobierno al calificar la negociación como una oferta insuficiente frente a los montos adeudados a los trabajadores del sector. 

En relación con las paritarias, la dirigencia gremial sostuvo que la aceptación del incremento ofrecido implicaba otorgar herramientas al Gobierno para postergar la aplicación efectiva de la ley y de las medidas cautelares dictadas por la Justicia. 

Las organizaciones docentes prevén realizar asambleas durante la semana de protesta para evaluar el nivel de acatamiento y definir la continuidad del plan de lucha en las universidades nacionales.

Autor:Crónica