Cuestionan la reforma de Milei que flexibiliza la selección de jueces porque "es un retroceso para la democracia"

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El tablero judicial está en pleno movimiento. Y por cómo se mueven las piezas, queda claro que se trata de una estrategia que busca cubrir vacantes en lugares clave como son los juzgados federales y la Corte Suprema. Mientras el Máximo Tribunal sigue funcionando con apenas tres integrantes y el Gobierno no logra cubrir los cargos vacantes, la Casa Rosada puso en marcha un nuevo mecanismo para designar Jueces federales que elimina instancias de participación ciudadana. El estreno del decreto 467/2026 coincidió con la publicación de candidatos para ocupar cargos centrales en Comodoro Py, incluida la Cámara Federal, el tribunal que revisa las principales causas de corrupción. Organizaciones civiles denuncian un retroceso democrático y advierten que, bajo el argumento de agilizar los nombramientos, el Ejecutivo busca ganar influencia sobre posiciones clave del sistema judicial.

El jueves de la semana pasada, el Gobierno publicó en el Boletín Oficial los nombres de los candidatos para ocupar 10 cargos en la Justicia federal: por primera vez se implementó lo que estipula el decreto 467/2026. El “estreno” del decreto cuestionado se dio con la publicación de los nombres de los candidatos a dos de los seis cargos de camaristas federales en Comodoro Py y cuatro cargos en la Cámara en lo Civil y Comercial Federal.

El cambio en la forma de publicar quiénes son los candidatos a jueces es cuestionado muy fuerte desde distintas ONGs que alertaron sobre el “retroceso en la calidad de la democracia”. A la Cámara Federal, un tribunal estratégico, van a llegar las apelaciones que surjan de la causa contra el jefe de Gabinete Manuel Adorni por enriquecimiento ilícito, y ya tiene recursos en los casos de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y de $LIBRA. Las dos ternas publicadas fueron: la primera integrada por Fernando Poviña, Agustina Rodríguez y Pablo Yadarola, y la segunda, por Julio César Di Giorgio, Cecilia Incardona y Pablo Bertuzzi.

Poviña actualmente es vicepresidente de la Cámara Federal de Tucumán y obtuvo el mayor puntaje de todos los concursantes: 186,75. Quien le sigue en la terna es Agustina Rodríguez, coordinadora de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres. En tanto, Yadarola es juez en lo Penal Económico y tiene a su cargo la causa por las presuntas irregularidades en el ingreso al país del avión privado del empresario Leonardo Scatturice, propietario de Flybondi, con valijas que no pasaron por los controles correspondientes. Yadarola además fue uno de los magistrados que integró la comitiva a Lago Escondido.

La segunda lista la conforman Di Giorgio, juez del Tribunal Oral en lo Criminal N° 4 de San Martín; Cecilia Incardona, fiscal que tuvo a su cargo las investigaciones judiciales del denunciado espionaje contra Cristina Fernández de Kirchner, Horacio Rodríguez Larreta y otros dirigentes políticos durante el gobierno de Mauricio Macri, y Bertuzzi, que ocupa el puesto al que está concursando, al que llegó por un traslado durante el gobierno de Cambiemos.

Además, el gobierno propuso nombres para el juzgado federal 1 de Corrientes (el único federal con competencia electoral de la provincia), el juzgado 10 en lo penal económico (por donde pasó el expediente que investiga a los principales dirigentes de la AFA), el federal 2 de La Plata, el juzgado penal federal de Santa Fe y una defensoría pública en Corrientes.

Justicia por decreto: los argumentos del Gobierno

En los fundamentos del decreto, el Ejecutivo sostuvo que el procedimiento anterior “que incluye la publicación de antecedentes y la recepción de observaciones ciudadanas bajo la órbita del Ministerio de Justicia ha devenido en una duplicación de instancias” ya previstas “en el procedimiento constitucional y reglamentario” aplicado en el Senado.

El decreto modifica el 222/2003, firmado por Néstor Kirchner, que obligaba al Gobierno a publicar los antecedentes de los candidatos a la Corte Suprema y abrir un período para que ciudadanos, organizaciones y universidades presenten apoyos u objeciones.

Desde la renuncia de Juan Carlos Maqueda al Máximo Tribunal, en diciembre de 2024, la Corte opera con tres integrantes: su presidente, Horacio Rosatti (también titular del Consejo de la Magistratura), Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. El Gobierno tuvo un intento por cubrir las dos vacantes en la Corte pero no obtuvo los votos del Senado: en 2024 propuso a Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, y el 3 de abril de 2025, la Cámara alta los rechazó.

Las asociaciones civiles se oponen al nuevo decreto

Una decena de organizaciones de la sociedad civil afirmaron en un documento conjunto que la modificación de los Decretos 222/03 y 588/03 “implica un retroceso para la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos y para la igualdad de género y, por ende, también para la calidad de nuestra democracia”.

“Lejos de tratarse de cambios meramente procedimentales -indicaron-, la reforma debilita los estándares sobre acceso igualitario a los cargos judiciales y reduce los espacios de escrutinio público sobre algunas de las decisiones más importantes de nuestro sistema institucional”.

El texto lleva la firma de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Poder Ciudadano, Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Amnistía Internacional, Democracia en Red, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y Campaña GQUAL.

Las ONGs remarcaron que el Gobierno eliminó la instancia de publicación de antecedentes y recepción de observaciones ciudadanas ante el Ministerio de Justicia con el argumento “que la participación de la ciudadanía ya se encuentra garantizada en la instancia ante el Senado”.

“Equiparar ambas etapas implica desconocer que se trata de momentos distintos, con finalidades distintas. La intervención de la ciudadanía en la etapa inicial permite aportar información, formular observaciones y enriquecer la evaluación que realiza el propio Poder Ejecutivo, lo que implica que puede influenciar su propuesta y conducir al Presidente a enviar otra”, enfatizaron.

El decreto, afirman las organizaciones, “no solo limita el escrutinio público, sino que también elimina la necesidad de velar por la igualdad de género y por la diversidad de especialidad y procedencia al momento de proponer candidaturas para la Corte Suprema. Ello obstaculiza la integración de un tribunal con perfiles diversos y distintas trayectorias, que sea más representativo de nuestra comunidad, y atenta contra el deber estatal de asegurar la igualdad de género en el acceso a los cargos públicos”.

Para Natalia Gherardi, directora ejecutiva de ELA, el decreto busca “limitar y achicar la posibilidad del diálogo democrático” y “muestra el poco interés del Ejecutivo en la participación ciudadana, al igual que lo que prevé el proyecto de Ley de Lobby”, otra iniciativa del oficialismo.

Gherardi dijo que la experiencia muestra que, cuando la Corte estuvo integrada por mujeres (a partir de la segunda mitad de la década del 2000, por Carmen Argibay y Elena Highton de Nolasco), hubo una apertura para crear dependencias como la Oficina de Violencia Doméstica, la Oficina de la Mujer y promover espacios de formación, antes de la entrada en vigencia de la ley Micaela.

La especialista destacó también que en esa época, precisamente en 2012, el Máximo Tribunal firmó el fallo FAL que delimitó el aborto no punible, ocho años antes de que la Interrupción Voluntaria del Embarazo se convirtiera en ley. Esa sentencia fue firmada por todos los jueces de la Corte de entonces: Lorenzetti, Highton, Carlos Fayt, Maqueda y Raúl Zaffaroni y con votos individuales de Enrique Petracchi y Carmen Argibay.

Gherardi enfatizó que con la eliminación de la instancia de impugnaciones ante el Ministerio de Justicia por parte de la sociedad civil, cobra más relevancia el rol de los senadores al evaluar a los candidatos y las preguntas que hagan a quienes apunten a ocupar un espacio en el Máximo Tribunal del país.