Ayer, los choferes de la UTA se concentraron pidiendo por los sueldos atrasados (llevan 14 días de paro durante los cuales no hay transporte urbano) y de los empleados municipales nucleados en el Suoem por un ajuste instrumentado por el intendente Martín Llaryora.

Los comerciantes autoconvocados se reunieron en la plaza San Martín -núcleo del centro cordobés- para pedir la constitución de una mesa de trabajo con el Gobierno y el COE para definir la "inmediata apertura respetando el derecho constitucional de todos los ciudadanos a comerciar libremente". Insisten con su disposición a cumplir con el protocolo de seguridad que ellos mismos presentaron y consensuaron para la semana en que pudieron operar.

En la protesta también pidieron, entre otros puntos, diferir el pago de las tarifas de luz y gas, eximir a los comercios de impuestos provinciales y tasas municipales mientras dure la cuarentena y flexibilizar las condiciones de contratos de trabajo ante la "imposibilidad" del pago de salarios.

Ayer, los choferes del transporte urbano se movilizaron a la Municipalidad de Córdoba en una caminata desde el gremio, unas 10 cuadras. Reclaman por el cobro de la parte del salario de abril que le adeudan las empresas; el paro de la UTA lleva dos semanas sin que el conflicto se destraba. Las autoridades municipales aseguran que si no llegan fondos nacionales no hay posibilidad de resolverlo.

La Unidad Fiscal de Emergencia Sanitaria -que nació en el marco de la pandemia del Covid-19- identificó en grabaciones de la televisión y en fotos a 21 personas a quienes imputó por violar el decreto de aislamiento obligatorio. Entre los acusados, está la secretaria general del sindicato, Carla Esteban y Pablo Farías, miembro de la comisión directiva.

En el caso del gremio de los municipales , SUOEM, son 37 los imputados en total por la Fiscalía a cargo de Andrés Godoy. También la identificación fue "a través del análisis de los registros fílmicos obtenidos de las cámaras se seguridad". Beatriz Biolatto, secretaria general, y el vocero Damián Bizzi, son parte de los acusados.

Los municipales realizaron más de una protesta, la primera el viernes 8 de este mes en rechazo al proyecto que recorta la jornada laboral y reduce los salarios que ese mismo día fue aprobado por el oficialismo.