Tensión en Chascomús: La oposición citó al intendente a rendir cuentas por la seguridad, pero denuncian "nulidad absoluta" en los plazos

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El Concejo Deliberante aprobó el Decreto N° 253/26 para que Javier Gastón comparezca de manera presencial tras la muerte del adolescente Kevin Martínez. Sin embargo, los bloques oficialistas presentaron una objeción formal advirtiendo que la convocatoria viola la ley y carece de validez jurídica.

El clima político en Chascomús alcanzó un punto de máxima ebullición tras la sanción de una medida de fuerte impacto institucional. En una Sesión Especial, el Honorable Concejo Deliberante aprobó el Decreto N° 253/D, impulsado por los bloques opositores (Potencia, UCR, GEN y La Libertad Avanza), que cita al intendente Javier Gastón a brindar explicaciones verbales y documentadas sobre la situación de la seguridad en el distrito y las acciones municipales frente al trágico fallecimiento del menor Kevin Martínez.

Sin embargo, a pocas horas de emitirse la norma, las bancadas de Unión por la Patria, Fuerza Patria y UXCH presentaron una nota formal de advertencia ante la Mesa de Entrada del cuerpo legislativo. En el documento, los ediles oficialistas afirman que el decreto incurre en un "incumplimiento flagrante" de los tiempos legales y que, de realizarse la sesión, sería "nula de nulidad absoluta".

Los argumentos de la oposición: Reclamo por Kevin Martínez y falta de respuestas

El decreto sancionado por la oposición fundamenta la convocatoria en el incremento de los hechos delictivos y en la "creciente preocupación social y marcada desconfianza" de la ciudadanía en las respuestas institucionales.

El eje central de la demanda gira en torno al "grave y confuso episodio" en el que Martínez, de 15 años, perdió la vida luego de ser embestido en una moto con pedido de secuestro, sumado a las agresiones físicas posteriores que sufrió en el suelo. Los concejales opositores consideran indispensable que el jefe comunal detalle las actuaciones preventivas, operativas y sanitarias desplegadas por las áreas de Seguridad Ciudadana Municipal en el lugar del hecho.

Asimismo, los bloques promotores justificaron la obligatoriedad de la citación (amparada en el artículo 108 inciso 7 de la Ley Orgánica de las Municipalidades) señalando que el pasado 18 de mayo ya habían convocado formalmente a la secretaria de Seguridad local, quien no se presentó a la reunión.

La contraofensiva oficialista: "Violación al debido proceso y precariedad jurídica"

La respuesta del arco oficialista no se hizo esperar y llegó a través de una presentación firmada por los concejales Lucio Alfonsín, Martín Torres, Evelyn Gazzaniga, María Victoria Iguerda, Oscar Giménez y Elena Pérez del Cerro.

De acuerdo a la presentación dirigida al presidente del Concejo, Oscar Freddy Toledo, el decreto sancionado fijó la comparecencia del Intendente para el jueves 28 de mayo de 2026. No obstante, los ediles advierten que la Ley Orgánica establece una antelación mínima de cinco días para este tipo de convocatorias , un plazo que, según el artículo 68º de la Ordenanza General Nº 267/80, debe contabilizarse de manera estricta por días hábiles.

Al haberse aprobado la medida con posterioridad, los plazos vigentes quedaron superados, lo que a criterio de los firmantes no representa un mero "detalle formal", sino una "violación al debido proceso administrativo y al principio de legalidad, hecho de gravedad institucional y precariedad jurídica".

Con posturas rígidamente enfrentadas, el conflicto trasciende lo meramente legislativo y abre un escenario de profunda incertidumbre sobre los pasos a seguir. Mientras la oposición exige la presencia del Intendente en el recinto de la calle Mitre bajo el reclamo social de justicia y seguridad, el oficialismo planta bandera en la normativa provincial para invalidar lo que consideran un procedimiento nulo y fuera de la ley.